En las plazas y mesas de bar de toda España, el precio del alquiler y la dificultad para reunir la entrada de un piso han desplazado cualquier otro debate cotidiano a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Casi un 56% de los ciudadanos sitúa ya la vivienda entre sus tres principales preocupaciones según el barómetro de octubre del CIS, consolidándola en lo más alto de las inquietudes sociales desde diciembre de 2024. Con un déficit estimado por el Banco de España de 750.000 unidades que podría superar el millón en 2028, los partidos concurren a las urnas con recetas opuestas que oscilan entre levantar un millón de inmuebles y expropiar pisos a grandes tenedores.

Qué proponen los partidos y qué se ha aprobado
La campaña del 29N arranca marcada por la disolución de las Cortes tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen, una anciana de 87 años cuyo caso se convirtió en símbolo de la crisis habitacional, y por la votación dividida de los decretos del Ejecutivo en la Diputación Permanente del Congreso. Mientras la izquierda defiende intervenir el mercado y blindar el alquiler, el bloque conservador exige derogar la actual ley de vivienda y acelerar la edificación.
- PSOE: Plantea ampliar el parque público mediante la entidad estatal Casa 47 y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros y protección permanente para los pisos financiados con fondos públicos. Defiende los topes al alquiler, la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional hasta 2030 y el programa Tu Casa, con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para jóvenes.
- Frente Amplio: La formación liderada por Ada Colau propone un impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas acumuladas —a empresas desde el primer piso y a particulares desde el cuarto si superan los 800.000 euros—, expropiaciones progresivas a corporaciones con más de 1.000 inmuebles hasta sumar 1,5 millones de pisos públicos y limitar los alquileres al 25% de la renta neta media del barrio.
- Partido Popular: Promete construir un millón de viviendas en cuatro años movilizando suelo, aplicando el silencio administrativo positivo a los 90 días y fomentando la construcción industrializada. Incluye avales públicos para financiar hasta el 100% de la primera compra juvenil y rebajar al 4% el IVA y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP).
- Vox: Aboga por eliminar el IVA en obra nueva y bonificar al 100% el ITP en segunda mano para españoles, imponer la prioridad nacional en ayudas, vincular el acceso residencial al control fronterizo y ejecutar desalojos contra la ocupación ilegal en menos de 24 horas.
- ERC y Junts: ERC reclama destinar el 1,5% del PIB a vivienda, traspasar gratis los pisos de Sareb y Casa 47 a la Generalitat y subir impuestos a pisos turísticos. Junts apuesta por deducciones del 15% en el IRPF por alquiler, hipoteca o ahorro, frenar la ocupación y prohibir que los fondos buitre compren pisos o ejecuten desahucios.
En paralelo, el Congreso validó esta semana el decreto que prohíbe hasta 2030 que fondos o grandes tenedores adquieran inmuebles por debajo del 70% de su valor de mercado salvo que se destinen a alquiler social o asequible, aunque rechazó el decreto defendido por el ministro Pablo Bustinduy para hacer indefinidos los contratos de arrendamiento.
Las cifras del bloqueo inmobiliario
La brecha entre la oferta real y la demanda explica la tensión sobre los precios. En ciudades como Barcelona o Madrid, arrendar un piso de unos 80 metros cuadrados cuesta entre 1.760 y 1.860 euros al mes, una barrera que retrasa la edad media de emancipación en España hasta los 30 años, frente a los 26,2 años de media en la Unión Europea.

El ritmo de construcción actual choca con las promesas electorales: durante el último año se terminaron en España 80.000 viviendas libres y unas 13.000 protegidas, muy lejos de las 250.000 anuales necesarias para alcanzar el millón prometido en una legislatura. A la vez, el economista Ignacio Ezquiaga advierte de que existen solares bloqueados en el país con capacidad para levantar 2,5 millones de viviendas, una bolsa que triplica el actual déficit de 750.000 viviendas pero que permanece paralizada en manos de inversores sin incentivos para vender por debajo de los máximos de mercado.
Por qué el problema persiste pese al consenso social
La directora de 40dB., Belén Barreiro, subraya que la inquietud por la oferta de vivienda en alquiler es transversal y apenas divide a los electorados, aunque la urgencia varía: el 30% de los votantes de izquierda la sitúa como su primer problema, frente al 10% entre los simpatizantes de Vox. Sin embargo, el choque ideológico ha impedido reformas estructurales básicas.

En 2024, PSOE y PP estuvieron cerca de reformar la Ley del Suelo para evitar que defectos formales anularan planes urbanísticos enteros, pero el acuerdo embarrancó por cálculos partidistas y por el rechazo de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Además, existe una paradoja institucional: los comicios del 29N eligen al Gobierno central, pero las competencias directas en urbanismo y vivienda recaen en las comunidades autónomas —según el artículo 148 de la Constitución— y en los ayuntamientos, que controlan el suelo municipal y la edificabilidad forzosa.
La llave la tienen los ayuntamientos, que en realidad tienen dos llaves: su propio suelo y la edificabilidad forzosa.
Impacto directo en inquilinos, jóvenes y propietarios
Más allá de las promesas de campaña, la normativa vigente ya redefine las reglas del mercado para quienes firman un contrato hoy. La regulación impide que un casero recupere el piso antes de tiempo alegando necesidad propia o de un familiar de primer grado si esa cláusula no figura explícitamente en el contrato firmado.
Cuando el arrendador es una persona física, el inquilino tiene garantizada una permanencia mínima de cinco años —que sube a siete años si el dueño es una empresa—. Incluso cuando la cláusula de recuperación está incluida en el contrato, el propietario debe esperar al menos un año desde la firma, avisar con dos meses de antelación y ocupar el inmueble en un plazo máximo de tres meses tras la salida del inquilino; de lo contrario, el arrendatario puede exigir volver al piso y reclamar una indemnización económica.
Por otro lado, el debate sobre la fiscalidad de los multipropietarios ha saltado también a la esfera pública tras conocerse que el comunicador El Gran Wyoming, que anunció su jubilación a los 71 años y posee 19 inmuebles, reconoció que las subidas de impuestos al patrimonio planteadas por la izquierda perjudican a propietarios como él, aunque respalde una mayor intervención pública.
Qué pasará a partir del 29 de noviembre
El rumbo definitivo del mercado residencial dependerá de la aritmética parlamentaria que salga de las urnas el 29N. Una victoria del bloque de la derecha implicaría la derogación inmediata de la Ley de Vivienda, la eliminación del límite aprobado hasta 2030 sobre las compras de grandes tenedores y el giro hacia incentivos fiscales y desregulación urbanística.
Por el contrario, la continuidad de una mayoría progresista consolidaría el despliegue de Casa 47, la ejecución de los 7.000 millones del Plan Estatal 2026-2030 y el endurecimiento fiscal y regulatorio sobre grandes propietarios y alquileres de temporada. En cualquiera de los dos escenarios, el desbloqueo real de suelo dependerá de la cooperación con ayuntamientos y comunidades autónomas o de que el nuevo Ejecutivo recurra a mecanismos extraordinarios como la declaración de emergencia nacional en vivienda.
Preguntas frecuentes sobre las propuestas de vivienda para el 29N
¿Puede mi casero echarme antes de cinco años si necesita el piso para vivir?
Solo puede hacerlo si esa posibilidad quedó escrita de forma explícita en el contrato de alquiler. Además, debe haber transcurrido al menos un año desde la firma, avisarte con un mínimo de dos meses de antelación y ocupar efectivamente la vivienda en los tres meses siguientes a tu salida.
¿Qué medida sobre vivienda acaba de aprobar el Congreso antes de las elecciones?
La Diputación Permanente convalidó el decreto que prohíbe hasta 2030 que fondos de inversión y grandes tenedores compren viviendas por menos del 70% de su valor de mercado, salvo que las destinen a alquiler social o asequible. En cambio, rechazó el decreto para hacer indefinidos los contratos de alquiler.
¿Por qué los partidos prometen un millón de viviendas si se construyen muchas menos?
Actualmente se terminan unas 93.000 viviendas al año entre libres y protegidas, muy por debajo del ritmo necesario para alcanzar el millón en cuatro años. Los expertos señalan que existen solares para 2,5 millones de pisos, pero están retenidos por inversores o frenados por trámites urbanísticos que dependen de ayuntamientos y autonomías.
¿Qué diferencias hay entre las ayudas a la compra joven de PP y PSOE?
El PP propone avales públicos para cubrir hasta el 100% de la hipoteca y rebajar el IVA y el ITP al 4% en la primera vivienda. El PSOE plantea el programa Tu Casa, basado en préstamos públicos sin intereses de hasta 50.000 euros, además de blindar a perpetuidad la vivienda protegida financiada con dinero público.

