9 años de inhabilitación para David Sánchez: las claves del fallo

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera que su puesto en la Diputación de Badajoz fue creado para satisfacer un interés particular y no una necesidad pública. La sentencia descarta, sin embargo, el tráfico de influencias y no impone pena de prisión.

Lo que sabemos hasta ahora

El fallo, de 378 páginas, sostiene que existió un plan impulsado desde las instancias superiores de la Diputación de Badajoz para crear un puesto «a medida» de David Sánchez. Según la sentencia examinada por EL PAÍS, la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, creada entre 2016 y 2017, no era urgente ni necesaria y estaba vacía de contenido suficiente.

Los magistrados también consideran probado que el cambio de denominación realizado en 2022, cuando el puesto pasó a ser la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, modificó de forma sustancial sus funciones para adaptarlas a las actividades operísticas de Sánchez. A ello añaden la creación, a finales de 2023, de una segunda plaza de alta dirección para Luis María Carrero, amigo y antiguo colaborador de David Sánchez, con el objetivo de que siguiera ayudándole en esas tareas.

David Sánchez no recibe la pena más alta. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exdirigente del PSOE extremeño, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación. Ricardo Cabezas, exdiputado provincial de Cultura, recibe nueve años. El resto de condenados, incluido Sánchez, figura como cooperador necesario por haber desempeñado, según la sala, un papel imprescindible en la ejecución de las decisiones.

El tribunal absuelve a todos los acusados del delito de tráfico de influencias. La resolución admite que podría plantearse la existencia de presiones para favorecer a David Sánchez, pero afirma que las acusaciones no concretaron quién las ejerció, mediante qué actos ni con qué pruebas. Esta diferencia explica por qué hay condena por prevaricación, pero no cárcel ni condena por influencia indebida.

Voces y posiciones

El Gobierno y el PSOE han cerrado filas en torno a David Sánchez y han anunciado que la resolución será recurrida. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó que respetan la sentencia, aunque no la comparten, y expresó su confianza en que una instancia superior confirme la inocencia del condenado.

“Me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha”.

Los socios parlamentarios del Gobierno también mostraron rechazo. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís integrado en Sumar, calificó la pena de desproporcionada, mientras Gabriel Rufián, portavoz de ERC, reclamó cambios en el poder judicial. Desde el PP y Vox, en cambio, la lectura fue opuesta: defendieron que el fallo acredita que nadie debe quedar por encima de la ley.

“Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles”.

Impacto en España

La condena tiene una dimensión política inmediata porque afecta a un familiar directo del presidente del Gobierno y alimenta el enfrentamiento entre los partidos sobre la independencia judicial. Para la ciudadanía, el núcleo del caso no está en una pena de prisión, que no existe, sino en cómo se crean y adjudican puestos pagados con fondos públicos y en la obligación de respetar los principios de mérito, capacidad e interés general.

El fallo también amplía el debate sobre los límites de la responsabilidad de quien se beneficia de una decisión administrativa. La Audiencia no sitúa a David Sánchez como autor principal de la creación de la plaza, pero sí como cooperador necesario porque considera que conocía su finalidad y participó en el proceso que permitió adjudicársela y modificarla.

Próximos pasos

La sentencia no es firme. Cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, según la información publicada por Hoy. David Sánchez y el PSOE han confirmado su intención de recurrir, por lo que la revisión deberá pronunciarse sobre la valoración de los indicios, la condición de cooperador necesario y la proporcionalidad de las inhabilitaciones.

De un vistazo

• David Sánchez ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.
• El delito apreciado es prevaricación administrativa en calidad de cooperador necesario.
• Miguel Ángel Gallardo recibe la pena más alta: 18 años.
• El tribunal descarta el tráfico de influencias y no impone cárcel.
• La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.