Última actualización: 30 de agosto de 2026

El Ayuntamiento de Santander ha ordenado el desalojo preventivo y urgente en 48 horas de los inquilinos del edificio número 8 de la céntrica calle Santa Clara tras detectarse fallos en su estructura derivados de unas obras de reforma interior. La medida afecta de manera directa a tres familias que resistían en régimen de alquiler de renta antigua y a varios locales comerciales de la planta baja, entre ellos un supermercado BM que ya ha tenido que paralizar su actividad. La empresa propietaria del bloque, Global Cuena, dispone de un plazo de 15 días (dos semanas) para completar el apuntalamiento obligatorio de toda la finca y evitar posibles sanciones administrativas.

Qué se está buscando sobre el caso de Santa Clara

La atención pública y vecinal gira en torno a los motivos reales que han obligado a vaciar el edificio con tanta urgencia y a la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan los residentes. Los afectados denuncian una falta absoluta de comunicación previa, señalando que conocieron la orden de marcha a través de los medios de comunicación antes de recibir la notificación municipal por escrito. Asimismo, existe una intensa controversia social y política sobre si los daños en las vigas y muros de carga responden al deterioro propio del inmueble o a las demoliciones de tabiquería realizadas por la promotora inmobiliaria para transformar el inmueble en 27 apartamentos.

Lo que está confirmado oficialmente

Los informes técnicos municipales y la documentación remitida por la dirección facultativa de la obra coinciden en que no es posible garantizar la seguridad estructural del edificio mientras se realicen labores de estabilización y transferencias de cargas. Según ha ratificado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, las pruebas sobre los materiales tras la demolición de tabiques revelaron un debilitamiento imprevisto de los elementos resistentes.

Entre las decisiones técnicas y administrativas ya confirmadas figuran:

• Plazo de 48 horas establecido por el Consistorio para el desalojo efectivo de los ocupantes y cierre de locales comerciales.
• Plazo de 15 días concedido a la firma Global Cuena para acometer el apuntalamiento integral.
• Posibilidad de multas coercitivas por parte municipal: una sanción inicial de 3.000 euros a los doce días si se incumplen las órdenes, reiterable hasta alcanzar el valor total de la obra requerida.
• La intervención cuenta con licencia mayor otorgada por el Ayuntamiento y un proyecto técnico validado para la distribución de 27 apartamentos.

Nuestra obligación es anteponer la seguridad de los vecinos y conseguir que puedan regresar a sus casas cuanto antes y con todas las garantías.

Aspectos no confirmados y puntos en disputa

Pese a la justificación estrictamente técnica aportada por el Consistorio, existen varios frentes abiertos sin esclarecer de forma concluyente. No se ha determinado de manera oficial si existió una mala praxis directa en la ejecución de las obras por parte de la empresa al demoler divisiones interiores, un extremo sobre el que la alcaldesa Gema Igual ha evitado pronunciarse argumentando falta de conocimiento técnico específico.

Tampoco hay confirmación sobre el destino final de las viviendas: mientras los colectivos vecinales y partidos de la oposición sostienen que el objetivo de la compañía era destinar las unidades al mercado de pisos turísticos, el grupo inversor envió previamente comunicaciones negando esa intención y asegurando que respetaría a los residentes de renta antigua. Siguen sin aclararse documentalmente otros incidentes previos señalados por el entorno de los inquilinos, como el origen exacto de un incendio en un contenedor que afectó a la fachada del bloque meses atrás.

El contexto de la vivienda en el centro urbano

El desalojo de Santa Clara 8 ha puesto de relieve la compleja convivencia entre las reformas integrales de edificios históricos y la protección de los inquilinos tradicionales de renta antigua. En el bloque conviven residentes de avanzada edad como Conchita Mantilla, de 89 años, o las hermanas Blanca y Rosa Hormazábal, de 74 y 75 años, vinculadas a la finca por un contrato de arrendamiento que data de 1949.

El conflicto coincide con un debate más amplio sobre la presión inmobiliaria en Santander, avivado por precedentes como el de las 107 familias de viviendas protegidas en Peñacastillo (Primero de Mayo), vendidas en bloque a sociedades vinculadas a fondos de inversión internacionales sin conceder derecho de tanteo a sus ocupantes.

Situación actual del edificio

La orden municipal de desalojo se encuentra en fase de cumplimiento inmediato, con los Servicios Sociales del Ayuntamiento puestos a disposición para atender situaciones de necesidad habitacional de los tres hogares afectados. La constructora debe iniciar de inmediato el apuntalamiento de urgencia bajo la supervisión de los técnicos de Fomento, quienes llevarán a cabo inspecciones periódicas para comprobar que la estructura recupera la solidez necesaria antes de autorizar cualquier hipotético regreso de los ocupantes a sus domicilios.