El antiguo instituto B9 volvió a aparecer en el centro político de Badalona, seis meses después de aquel desalojo masivo en pleno invierno. Lo que empezó como una operación para vaciar un edificio municipal ocupado ha terminado con una resolución judicial que avala la actuación del Ayuntamiento dirigido por Xavier García Albiol. La magistrada Meritxell Quella ha archivado el procedimiento al considerar que el consistorio prestó la atención social exigida a las personas desalojadas. La decisión llega tras meses de críticas de la oposición, informes municipales, reproches de la Fiscalía y una crisis habitacional que acabó con parte de los afectados bajo el puente de la C-31.
Cómo se desarrollaron los hechos
El desalojo del B9 fue autorizado por el juzgado contencioso administrativo 11 de Barcelona a petición del Ayuntamiento de Badalona. En el edificio malvivían centenares de personas, en su mayoría migrantes, según los textos disponibles. La operación se ejecutó el 17 de diciembre, en días de frío, viento y lluvia, y se convirtió en una de las actuaciones municipales más discutidas de los últimos meses.
La jueza había fijado una condición: que el Ayuntamiento prestara atención social a quienes quedaran sin solución residencial. No obligó al consistorio a proporcionar un techo alternativo, pese a que la Fiscalía y las abogadas de los migrantes reclamaban una respuesta más amplia. Esa diferencia entre atención social y alojamiento fue el punto central del conflicto.
Tras el desalojo, la Generalitat y entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia. Aun así, varias personas durmieron durante días bajo un puente. La imagen pesó mucho en la lectura pública del caso, porque convertía una orden administrativa en un problema social visible.
Ahora, la magistrada da por buenos los informes municipales y concluye que Badalona cumplió el mandato judicial. En esos informes se detalla que los servicios sociales ofrecieron apoyo, orientación y atención a 127 personas: 77 rechazaron el apoyo y 50 lo aceptaron.
Lo que había debajo
El caso no trataba solo de un edificio ocupado. El B9 condensaba varios problemas a la vez: infravivienda, migración, presión sobre los servicios sociales y una ciudad con un espacio municipal ocupado desde hacía años. El Ayuntamiento defendió que quería recuperar el inmueble con garantías jurídicas y atender a las personas afectadas dentro del marco fijado por el juzgado.
El punto delicado es que el propio Ayuntamiento admitió ante la jueza que carecía de protocolos para personas sin hogar. Alegó que la ley no le obliga a tenerlos y que disponía de una metodología de intervención. Para la Fiscalía, esa respuesta no bastaba: entendía que el consistorio no había dado una ayuda efectiva tras el desalojo.
La jueza, sin embargo, separa dos planos. Por un lado, reconoce que la asistencia pudo organizarse de otra manera. Por otro, limita el procedimiento a comprobar si el Ayuntamiento cumplió la condición judicial concreta. Esa distinción es la que permite archivar el expediente sin entrar a valorar todo el alcance social de la operación.
Voces y posiciones
El gobierno municipal celebró el archivo y acusó a la oposición de convertir el caso en una batalla partidista. Fuentes del consistorio sostuvieron que la resolución confirma que se actuó de acuerdo con la legalidad y con las condiciones establecidas por el juzgado.
La resolución también recoge una frase clave de la magistrada, que marca el límite de su decisión judicial:
"El juicio de oportunidad del dispositivo para atender una desocupación masiva debe permanecer fuera del procedimiento"
Desde la parte crítica, las letradas Marta Llonch y Mireia Salazar pidieron indagar en posibles vulneraciones de derechos fundamentales por la atención municipal que consideraban insuficiente. La Fiscalía también sostuvo que los informes municipales mostraban una falta de soporte o ayuda efectiva. Esas peticiones no han prosperado en este procedimiento.
Albiol ya había defendido meses atrás que reabrir el albergue de Can Bofí Vell no era una solución por sus malas condiciones. En declaraciones recogidas por uno de los textos, afirmó que abrir un albergue de forma indefinida acaba generando problemas en el entorno. Esa postura explica parte de la estrategia municipal: asistencia social, sí; alojamiento estable municipal, no en esos términos.
Poniéndolo en perspectiva
La decisión da aire político a Xavier García Albiol, porque desmonta en sede contencioso-administrativa la acusación de que el Ayuntamiento incumplió la orden judicial del B9. Pero no borra la pregunta de fondo: qué recursos reales tiene una ciudad para responder a una desocupación masiva cuando las personas afectadas no tienen alternativa habitacional.
Los datos incluidos en los informes municipales muestran una atención desigual según cada caso. De las 50 personas que aceptaron apoyo, 26 ya tenían seguimiento por parte de EDAPSS y expediente abierto en Servicios Sociales. Otras 24 no tenían seguimiento previo, por lo que se les tomaron datos y se les citó según su necesidad social.
También hubo seguimiento posterior. En enero se reunieron profesionales del CAP de Sant Roc, Salud Mental y Adicciones de Badalona Servicios Asistenciales, servicios sociales y EDAPSS para coordinar casos complejos del B9. El 30 de enero se identificó a 15 personas bajo el puente de la C-31; a mediados de febrero se acordó con 6 personas acceder a recursos residenciales, y en marzo aún había unas veinte personas en esa zona.
Para los vecinos de Badalona, la consecuencia inmediata es política y social: el Ayuntamiento refuerza su relato de legalidad, mientras el debate sobre sinhogarismo y recursos municipales sigue abierto. En clave española, el caso recuerda que los grandes desalojos no terminan cuando se vacía un edificio; empiezan otra fase, más lenta, en servicios sociales, salud y alojamiento.
Lo que viene ahora
El procedimiento contencioso-administrativo queda archivado. Eso significa que la jueza da por cumplida la condición que permitió ejecutar el desalojo del B9: la aplicación de intervenciones y medidas de asistencia por parte de los servicios municipales.
Fuera de este expediente, queda la investigación abierta por la Fiscalía en diciembre tras una denuncia penal contra Albiol presentada por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens. Además, el gobierno local mantiene sobre la mesa la creación del primer comedor social de Badalona, previsto para 2027 según los textos disponibles.
Preguntas frecuentes
¿Qué ha decidido la jueza sobre el desalojo del B9?
Ha archivado el procedimiento y ha considerado que el Ayuntamiento de Badalona prestó la atención social exigida a las personas desalojadas.
¿Quién autorizó el desalojo del antiguo instituto B9?
La magistrada Meritxell Quella, del juzgado contencioso administrativo 11 de Barcelona, autorizó el desalojo a petición del consistorio.
¿Cuántas personas recibieron atención social según los informes?
Los informes municipales hablan de 127 personas atendidas u orientadas: 77 rechazaron apoyo y 50 lo aceptaron.
¿El Ayuntamiento estaba obligado a dar una vivienda alternativa?
En este procedimiento, la jueza no impuso al Ayuntamiento la obligación de proporcionar un techo alternativo; exigió prestar atención social.
¿Por qué hubo críticas al desalojo?
Porque se ejecutó en invierno, con lluvia y viento, y parte de las personas desalojadas acabó durmiendo bajo el puente de la C-31.
¿El caso judicial está totalmente cerrado?
Este procedimiento contencioso-administrativo sí queda archivado, pero los textos mencionan una investigación de la Fiscalía abierta en diciembre tras una denuncia penal contra Albiol.