Gestión de la dana: un alto cargo de Mazón admite que fue avisado de la alerta roja a primera hora

La investigación judicial sobre la catástrofe del 29 de octubre de 2024 da un giro relevante tras las declaraciones en sede judicial. Un alto cargo del Gobierno valenciano ha reconocido que la alerta roja estuvo sobre la mesa desde la mañana, evidenciando graves fallos en la cadena de mando durante las horas críticas.

El relato interno de una jornada crítica

Ignacio Grande, secretario autonómico de Servicios Sociales y Familia del Ejecutivo autonómico liderado en su momento por Carlos Mazón, ha comparecido como testigo ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. En su declaración, Grande admitió haber recibido un mensaje de WhatsApp a las 7:51 horas del día de la riada que le informaba del "nivel rojo", el máximo en la escala de avisos meteorológicos. El mensaje fue enviado por el entonces director general de Emergencias, Emilio Argüeso, quien actualmente se encuentra investigado en la causa penal.

Según el testimonio recabado por las fuentes jurídicas, este flujo informativo continuó de forma pública en un chat de altos cargos hasta las 14:00 horas. A pesar de estas métricas y advertencias, las agendas de los principales responsables políticos no se alteraron de inmediato de forma preventiva. La superior directa de Grande, la entonces vicepresidenta primera Susana Camarero, abandonó por la tarde la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para asistir a una entrega de premios de la patronal, tras permanecer apenas 40 minutos conectada telemáticamente.

El testigo detalló ante la instructora que la primera parte de la reunión del Cecopi, iniciada a las 17:00 horas, estuvo focalizada en los problemas del municipio de Utiel. No obstante, se anunció un receso de 15 minutos antes de las 18:00 horas que acabó prolongándose de forma inaudita durante casi hora y media, retomándose el encuentro a las 19:11 horas. A partir de ese reenganche, la coordinación se volvió completamente inestable.

Cargos institucionales bajo el foco judicial

El proceso penal que dirige la magistrada Ruiz Tobarra mantiene bajo el foco de la investigación a piezas clave del anterior Consell:

• Salomé Pradas: Exconsejera de Justicia e Interior y responsable orgánica de las emergencias. El testigo le atribuyó la dirección inicial y una actitud proactiva al plantear evacuaciones o confinamientos, aunque estas medidas no se ejecutaron. Esto contradice su estrategia de defensa basada en el desconocimiento de los mecanismos de alerta masiva.
• Emilio Argüeso: Exdirector general de Emergencias e investigado en la causa. Fue el encargado de difundir la alerta roja matutina por canales internos, aunque el testigo señaló que no tuvo una participación activa en la gestión posterior del Cecopi.
• Susana Camarero: Vicepresidenta primera del Ejecutivo que abandonó la célula de crisis para asistir a un acto empresarial en plena alerta, delegando el seguimiento en Grande debido a la preocupación por un centro de menores en Alborache.
• Carlos Mazón: Expresidente de la Generalitat Valenciana. Su llegada tardía al Cecopi provocó, según el testigo, que la reunión se convirtiera en un mero vuelco desordenado de datos para informarle de lo sucedido, sin que tomara decisiones operativas en ese tramo.

Las cifras de la riada y la alerta tardía

El impacto directo de la dana dejó una cifra oficial de 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia. La investigación judicial sitúa el foco del caso en la alarmante diferencia de tiempos: el flujo de información interna sobre riesgos extremos se manejaba desde primera hora, pero el sistema de aviso masivo a la población general, denominado Es-Alert, no fue emitido a los teléfonos móviles de los ciudadanos hasta las 20:11 horas, momento en el que muchas de las zonas afectadas ya se encontraban completamente inundadas.

El punto de inflexión del caos operativo

El testimonio de Ignacio Grande desveló que el verdadero colapso organizativo de la reunión institucional se desató cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar advirtió del riesgo real de rotura o colapso de la presa de Forata, situada en Yátova. Según la propia Generalitat, un fallo en esta infraestructura pudo haber causado hasta 4.000 fallecidos.

A partir de ese instante de extrema tensión, la reunión avanzó de forma desordenada y "sin hilo", marcada por entradas, salidas y constantes interrupciones. El testigo afirmó ante el juzgado que, pasadas las 20:00 horas, el Cecopi ya no funcionaba como un órgano de mando: se convirtió en un flujo masivo de incidencias acumuladas donde nadie ejercía una dirección efectiva.

Paralelamente, el secretario autonómico admitió que no se realizaron comprobaciones específicas sobre la situación de las residencias de ancianos, a pesar de que a las 20:21 horas constaba ya la inundación de la residencia de Paiporta, donde fallecieron seis usuarios. Tampoco se activaron avisos preventivos a través de los 19.000 terminales del servicio público de teleasistencia, argumentando que su departamento carecía de competencias directas en materia de emergencias.

Próximos pasos en la instrucción de Catarroja

La jueza del caso, que indaga la presunta comisión de delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, trata de esclarecer si la inacción política inicial reúne los requisitos técnicos para exigir responsabilidades penales. Tras descartar por el momento el Tribunal Superior de Justicia personar formalmente al expresidente Mazón debido a la falta de pruebas directas sobre su intervención en los avisos, la magistrada ha citado a declarar en calidad de testigos el próximo mes de octubre a una decena de alcaldes de las localidades afectadas, entre ellos los regidores de Sedaví, Cullera y Picanya, para contrastar de manera definitiva los avisos recibidos en los ayuntamientos.