Un teléfono móvil intervenido por la policía acaba de abrir una brecha profunda en la ya cuestionada separación de poderes en España. Varios chats internos de los máximos directivos de la aerolínea Plus Ultra revelan de forma nítida cómo el exjuez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció presuntamente a mediar ante Vox para aliviar la presión legal sobre la compañía cuando todavía estaba en activo. El partido político liderado por Santiago Abascal ejercía en ese momento como acusación popular en el proceso judicial abierto contra la aerolínea por el polémico rescate público de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno.

Cómo se fraguó la estrategia de mediación

Las comunicaciones corporativas internas sitúan los movimientos clave en marzo de 2022, un periodo en el que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigaba el rescate de la aerolínea. El 19 de marzo de ese año, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, notificó con total naturalidad al resto de directivos la disposición del juez para aprovechar una cena de carácter estrictamente privado que iba a mantener con Santiago Abascal.

Según el texto enviado por el propio Martínez Sola en el chat grupal, el entonces instructor de la Audiencia Nacional solicitó que la dirección aportara ideas para elaborar un documento de síntesis con los argumentos clave que debía transmitirle al líder de Vox durante el encuentro, que estaba fijado para el día 24 de marzo. La cúpula de Plus Ultra reaccionó con presteza ante la oportunidad de rebajar la hostilidad del partido en los tribunales, ordenando el presidente la creación de un canal de comunicación específico y confidencial para que el equipo redactara el argumentario definitivo.

La conversación entre los altos cargos refleja cuál era la principal preocupación de la compañía. El responsable financiero, Alejandro Delgado, defendió la importancia de mantener estos contactos políticos, mientras que el secretario del consejo, Santiago Fernández Lena, planteó el objetivo prioritario de las gestiones ante Vox: desactivar las posibles apelaciones en el plano judicial si se lograba el carpetazo de la instrucción.

Maniobras bajo la máxima discreción

La idea central del plan era que el magistrado hiciera ver a Abascal que existía una fábula montada alrededor de la causa y que el proceso penal carecía de base real. Tras la fecha prevista para la cena, el máximo responsable de la aerolínea volvió a dirigirse a sus socios de manera optimista en el chat escribiendo una frase explícita a la mañana siguiente: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox". Alejandro Delgado respondió a ese mensaje enviando dos emoticonos de aprobación.

Por su parte, el entorno de Santiago Abascal desmiente tajantemente que esa reunión se llevara a cabo. Fuentes cercanas al líder de Vox aseguraron que ese día permaneció hasta la noche en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, rechazando la existencia de la cena y cualquier intermediación del magistrado. No obstante, las pesquisas policiales no han hallado constancia pública de que dicho encuentro del Comité Ejecutivo Nacional tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. Desde el partido ultra también niegan que la posterior decisión de no recurrir el archivo provisional de la causa guardara relación con una supuesta gestión de García-Castellón. La causa fue archivada provisionalmente en enero de 2023 por la jueza Esperanza Collazos y finalmente ni Vox ni el Partido Popular recurrieron la decisión.

Llamadas informales y cuentas bloqueadas

Este episodio no es un hecho aislado dentro de las comunicaciones intervenidas, sino que destapa una relación informal y continua de tres décadas. Los mensajes volcados por la Policía del teléfono de Martínez Sola demuestran otra supuesta gestión paralela atribuida al entonces juez en activo: facilitar contactos de alto nivel con Bankinter para intentar desbloquear 3,7 millones de euros a favor de la aerolínea.

El 18 de noviembre de 2022, el presidente de Plus Ultra escribió a Rodolfo Reyes Rojas, máximo accionista de la compañía y actualmente en busca y captura internacional, pidiéndole un gesto explícito de gratitud: "Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle ‘Gracias por tus gestiones en Bankinter’, solo eso. Nos han liberado 3,7 millones". La respuesta del empresario venezolano confirmó la absoluta cercanía, admitiendo que guardaba al magistrado en su agenda bajo el alias de "Manolo privé".

Meses antes, el 26 de mayo de 2022, Martínez Sola relató en un chat grupal que había hablado con el juez para ver si conocía a alguien importante en la entidad financiera. Según los chats, el magistrado contactó directamente con la entonces consejera delegada del banco, Dolores Dancausa, y poco después un directivo de la asesoría jurídica de la entidad llamó a la aerolínea para fijar una reunión de trabajo. Consultada por los medios, la entidad bancaria subrayó que no comenta la operativa de sus clientes y que cualquier liberación de fondos se rige exclusivamente por criterios técnicos y protocolos internos de control.

Consecuencias de una estrecha relación

La sintonía entre los implicados llegó a ser tan sólida que superó el ámbito meramente institucional. Cuando Martínez Sola fue arrestado a finales de 2025 en el marco de las investigaciones sobre la aerolínea, su primera reacción física fue pedir a los funcionarios policiales de forma expresa que alertaran al propio magistrado sobre su detención.

Manuel García-Castellón se jubiló forzosamente en septiembre de 2024 al cumplir 72 años. Apenas tres semanas después, se dio de alta como abogado en el colegio de Madrid y fijó su dirección profesional exactamente en un complejo de oficinas de Alcobendas donde, en la tercera planta, se encuentra el domicilio social de Plus Ultra. El exmagistrado explicó que aceptó la oferta de su amigo de hace décadas para usar esa dirección y evitar poner su domicilio personal, aunque la secuencia alimenta las sospechas sobre la profundidad de los vínculos.

El futuro de las investigaciones penales

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de forma taxativa que un juez en activo tiene totalmente prohibido realizar cualquier tipo de asesoramiento jurídico, sea retribuido o no. Al haberse colegiado formalmente tras su jubilación no existe una infracción administrativa formal, pero los informes policiales ya se encuentran en manos del juzgado que instruye el caso Plus Ultra.

Los próximos pasos en el procedimiento judicial pasan por determinar si el contenido de estas comunicaciones interceptadas se traduce en nuevas imputaciones formales o en la apertura de una pieza separada que aclare si existió un delito de tráfico de influencias, mientras el exjuez continúa ejerciendo la abogacía en la misma sede de la compañía beneficiada.

Preguntas Frecuentes

¿Qué revelan exactamente los chats policiales sobre el juez García-Castellón?Revelan que el entonces juez en activo se ofreció en marzo de 2022 a mediar ante el líder de Vox, Santiago Abascal, para convencer al partido de rebajar su presión legal y no recurrir el posible archivo de la causa del rescate financiero de la aerolínea.

¿Llegó a celebrarse la cena con Santiago Abascal?Los mensajes del presidente de Plus Ultra del día posterior indican que la gestión fue muy positiva, pero el entorno de Santiago Abascal niega rotundamente que el encuentro o la mediación judicial existieran, alegando que esa noche el líder político estaba en una reunión de partido.

¿Qué ayuda bancaria se menciona en las conversaciones?Los chats reflejan que el magistrado contactó con la alta dirección de Bankinter a petición de los directivos, logrando desbloquear 3,7 millones de euros retenidos de la aerolínea, un hecho que el presidente de la empresa pidió agradecer explícitamente por mensaje privado.

¿Existe alguna ilegalidad en que compartan oficina tras la jubilación?Legalmente no hay una infracción formal porque el juez se dio de alta como abogado tras jubilarse en septiembre de 2024. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe el asesoramiento en activo, y la coincidencia de sede en Alcobendas incrementa las sospechas en la investigación penal.