544.722 es el número exacto de expedientes de nacionalidad aprobados hasta el 31 de marzo bajo la conocida como 'ley de nietos', una cifra oficial que ha desatado un durísimo enfrentamiento político en España. La derecha liderada por Alberto Núñez Feijóo acusa abiertamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de orquestar una maniobra de "ingeniería electoral" a gran escala para inflar el censo exterior ante la perspectiva de las elecciones generales de 2027. Por su parte, la Moncloa tacha estas acusaciones de profunda irresponsabilidad y defiende el proceso como un acto de estricta justicia reparadora.

Las claves de la polémica

• Un total de 2,4 millones de personas registraron solicitudes de cita en consulados antes del cierre del plazo en octubre de 2025.
• Hasta el 31 de marzo, las oficinas consulares han tramitado 1,2 millones de expedientes completos.
• De las solicitudes resueltas, 544.722 ya han sido aprobadas y 306.000 personas figuran inscritas formalmente en el registro consular.
• El Partido Popular denuncia que la instrucción ministerial amplió los supuestos legales sin el consenso adecuado para "fabricar votantes".
• El Gobierno y los ministerios implicados defienden que el procedimiento es rígidamente garantista y que la aprobación final recae siempre de forma exclusiva en funcionarios públicos.

Choque total por el censo exterior

La tensión política ha alcanzado cotas máximas tras las declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó directamente al presidente del Gobierno de intentar alterar la demografía electoral ante los malos augurios de los sondeos. Según las filas populares, la Moncloa busca desesperadamente compensar los bajos resultados históricos del PSOE recurriendo al voto exterior, especialmente en territorios considerados sensibles como Argentina. En concreto, el PP destaca el caso de Buenos Aires, donde el volumen de peticiones es masivo y, según sus estimaciones, podría terminar sumando una cantidad de ciudadanos equivalente a la población de Galicia, convirtiendo a la capital argentina prácticamente en la tercera ciudad española por volumen de electores.

La ofensiva conservadora se ha centrado en sembrar dudas sobre la transparencia operativa del sistema. Feijóo ha denunciado que los trámites en Cuba se han dejado en manos de una empresa estatal local, sugiriendo un riesgo de externalización sin control. No obstante, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han desmentido de forma tajante este extremo, aclarando que la normativa cubana obliga a colaborar con la entidad local Palco desde hace más de diez años exclusivamente para la gestión de tareas administrativas de apoyo. El Ejecutivo recalca que la validación técnica y jurídica definitiva de cada expediente la realiza únicamente el personal funcionario del Consulado General de España.

Paralelamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elevó el tono de la confrontación al lanzar una advertencia directa a los cónsules y trabajadores públicos encargados de los registros civiles fuera de las fronteras nacionales. Ayuso alertó de la supuesta ilegalidad en la que incurrirían aquellos empleados que otorguen la nacionalidad a personas que no cumplan estrictamente los requisitos legales exigidos. Desde el entorno gubernamental ven en este movimiento coordinado una maniobra de distracción para confundir deliberadamente a la opinión pública con el fin de la regularización extraordinaria de inmigrantes residentes en España, un proceso que concluye esta misma semana con cerca de 1,3 millones de solicitudes y que, a diferencia de la ley de nietos, no otorga el derecho al voto en las elecciones generales.

Justicia histórica frente a cálculo de escaños

Lo que el bloque de la derecha describe como una alteración artificial del censo, el Gobierno lo enmarca firmemente en una política de restitución democrática internacional. La medida, que constituye la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, se diseñó específicamente para reparar el daño sufrido por los hijos y nietos de aquellos españoles que se vieron obligados a huir del país durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista por motivos ideológicos, religiosos, económicos o de orientación sexual. El ala socialista recuerda además que este tipo de legislación enfocada en la descendencia de exiliados políticos o víctimas de conflictos bélicos no es una anomalía española; naciones europeas como Alemania o Italia disponen de herramientas legislativas muy similares para recuperar los vínculos de su diáspora histórica.

Desde el punto de vista puramente técnico del comportamiento electoral, los datos históricos de los últimos comicios rebajan de manera sustancial las alarmas de un vuelco electoral garantizado para la izquierda. Durante las elecciones generales de 2023, la movilización de los electores residentes en el extranjero fue tradicionalmente moderada. De los 2.328.261 inscritos que formaban el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), únicamente ejercieron su derecho al voto 233.688 ciudadanos. Lo más significativo es que el escrutinio final de esas papeletas procedentes de fuera benefició mayoritariamente al Partido Popular. De hecho, los populares cosecharon 66.422 sufragios frente a los 58.973 del PSOE, logrando arrebatarle a los socialistas un escaño clave en la circunscripción de la Comunidad de Madrid días después de la jornada de votación en las urnas nacionales.

La batalla judicial y los plazos administrativos

Aunque el plazo formal de presentación para nuevas peticiones de citas consulares expiró de manera improrrogable el 22 de octubre de 2025, el impacto real sobre el censo de votantes continuará expandiéndose a lo largo de los próximos meses debido al enorme volumen de expedientes acumulados que todavía se encuentran en fase de estudio técnico. Las delegaciones del PP en el exterior han recibido instrucciones de redoblar la vigilancia sobre el terreno, mientras que Vox presiona en la Secretaría de Estado de Justicia exigiendo la nulidad formal del proceso por supuestos defectos de forma en las instrucciones dictadas en 2022. La tramitación de este grueso de nacionalidades se prolongará de forma estimada durante toda la segunda mitad del año, convirtiendo la composición del censo exterior en uno de los grandes focos de control legal previos a la próxima convocatoria electoral.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la ley de nietos y cuándo se aprobó?

Es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022. Permite adquirir la nacionalidad española a descendientes directos de personas nacidas en España que perdieron o renunciaron a su nacionalidad debido al exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o económicas durante el siglo XX.

¿Se pueden seguir presentando solicitudes de nacionalidad actualmente?

No. El plazo oficial para solicitar citas en los consulados finalizó de forma definitiva el 22 de octubre de 2025, tras cumplirse el periodo inicial de dos años y la prórroga de un año adicional autorizada por el Consejo de Ministros.

¿Cuántas personas han conseguido ya la nacionalidad española por esta vía?

Hasta el balance oficial del 31 de marzo, se han aprobado 544.722 expedientes de nacionalidad de los 1,2 millones que ya han sido revisados en los consulados de todo el mundo. De ellos, 306.000 ciudadanos ya están formalmente inscritos en el registro de matrícula consular.

¿Tienen derecho a votar de forma inmediata todos los nuevos nacionalizados?

Sí. Una vez que el expediente es aprobado y se formaliza la inscripción consular, la persona adquiere la ciudadanía con todos los derechos constitucionales. Podrán participar en las elecciones generales de 2027 a través del censo de residentes ausentes (CERA), aunque no en las elecciones municipales al residir en el extranjero.

¿Cómo se decide la provincia de votación en España para los residentes en el extranjero?

La asignación se realiza mediante un formulario oficial que el propio interesado debe firmar, fundamentando su elección bajo criterios tasados de arraigo: el municipio de última residencia en España, el municipio de mayor arraigo familiar propio o el lugar de procedencia original de sus ascendientes directos.